En México, celebramos el inicio de la independencia cada 15 de septiembre. En esta fecha recordamos el grito de Dolores en 1810 y, si bien es cierto que dicho evento marcó marcó el inició de un largo camino de lucha por conseguir libertad y condiciones óptimas de equidad, aún existen grandes desafíos sociales en el país.
La desigualdad y la pobreza, que han dado lugar a la inseguridad alimentaria, son un doloroso recuerdo de que a más de doscientos años de iniciar esta lucha, no hemos conseguido garantizar todos los ideales que se propusieron desde entonces. Este día de la independencia será un momento de enormes contrastes: mientras que para muchos se trata simplemente de una ocasión de festejo, en las mesas de millones de hogares no habrá suficiente comida para todos.
La precariedad es un problema estructural que, en México, ha persistido a lo largo de los siglos. Según el CONEVAL, el 43.9% de la población vivía en situación de pobreza en 2020, además, casi el 9% de ellos enfrentaba pobreza extrema. Dichas estadísticas se traducen en consecuencias concretas: hacinamiento, hambre, rezago educativo, entre otras. La inseguridad alimentaria es una de las más graves. La malnutrición y la falta de acceso a una dieta equilibrada pueden tener efectos irreversibles en el desarrollo físico y cognitivo de las personas, perpetuando ciclos de carencias y desigualdad.
Las causas de este fenómeno son muchas y las intersecciones entre ellas agravan la inseguridad alimentaria de los grupos marginados. No sólo se trata de falta de recursos económicos; la discriminación continúa siendo una constante que trastoca la vida de poblaciones enteras sólo por su apariencia, su nivel socioeconómico, su sexo, su edad o su identidad de género y las empuja a la pobreza.
Así también, el incremento de los precios de la canasta básica afecta con mayor dureza a los sectores ya vulnerables, quienes frecuentemente dependen del salario mínimo o empleos informales. En millones de hogares del país, los ingresos no son suficientes para sostenerse, y frente a la decisión entre pagar la renta o la comida, miles de personas tan sólo en nuestra ciudad se ven forzadas a pasar hambre mes con mes, poniendo en juego su salud y agravando su situación.
Frente a esta realidad, el papel del Estado y de la Sociedad Civil Organizada es crucial para abordar el hambre y la inseguridad alimentaria. Si bien existen programas orientados a satisfacer algunas necesidades básicas de ciertos grupos sociales (Por ejemplo, de los adultos mayores), aún existen grandes brechas que Instituciones de Asistencia Privada, Asociaciones Civiles y grupos de ayuda mutua han tenido que encarar.
Los bancos de alimentos, por ejemplo, se integran en las cadenas de valor que nos alimentan rescatando productos que habrían terminado desperdiciándose para alimentar a quienes lo necesitan. En Alimento Para Todos, nuestro compromiso por facilitar el acceso a una alimentación digna incluye a más de 100,000 beneficiarios de manera regular.
Creemos que nadie es completamente libre cuando pasa hambre y que un gran cambio puede comenzar con un plato de comida. Si conseguimos garantizar el acceso a derechos fundamentales como la alimentación, podremos brindar una oportunidad a todos de construir la vida que desean. Este mes, como todo el año, nuestra misión involucra promover la autosuficiencia social y económica de todas las personas para que puedan vivir con dignidad.